Pemex en Estados Unidos: ciudadanos empoderados
La pasada semana Pemex anunció la apertura de gasolineras en Estados Unidos en un formato de franquicia. Uno se pregunta por qué el consumidor norteamericano estaría interesado en comprar la gasolina de una empresa caracterizada por su ineficiencia, su carácter monopólico y por no servir litros de a litro.
La respuesta resultó ser evidente. Una foto de la flamante gasolinera mostró que Pemex vendía ahí gasolinas en 1.54 dólares el galón, es decir, en menos de 7 pesos por litro. Mientras tanto, en México, Pemex vende esa misma gasolina a 14 pesos por litro.
Se trata de un abuso, de una burla a los mexicanos. Esta burla es posible, en primer lugar, porque Pemex sigue siendo un monopolio. Los mexicanos estamos forzados a comprarle la gasolina a este monopolio del gobierno.
En los debates de la reforma energética, propuse que se adelantara la liberalización de las gasolinas para este año; fue inútil ante los grupos de interés que quieren mantener sus privilegios a costa de los mexicanos. El mejor ejemplo de esto es el ilegal negocio millonario que Pemex otorga a los cabecillas de su sindicato para el traslado de gasolinas que cuesta millones de pesos a los mexicanos y que ya ha sido sancionado por la Cofece. Seguimos sufriendo las consecuencias de los errores del pasado al haberle dado al gobierno el monopolio de la energía.
Pagamos doble precio por electricidad y gasolina comparado contra nuestro vecino, en donde el negocio de la energía está en manos de la iniciativa privada. Ahí los empresarios están forzados a competir entre ellos y ofrecer un servicio en las mejores condiciones de calidad y precio a los consumidores.
Además, esta burla ocurre porque el gobierno está cometiendo un asalto a mano armada con el impuesto a las gasolinas. Mientras los consumidores de todo el mundo se benefician de los precios bajos de la gasolina, en México el gobierno expropió todo ese beneficio para sí mismo.
Este año se presupuestó una recaudación por impuesto a las gasolinas de 30 mil millones de pesos, pero ya esperan recaudar más de 200 mil millones de pesos, es decir ¡600 por ciento más que lo esperado! Todo a costa del consumidor mexicano. En el presupuesto aprobado para 2016 nos espera más de lo mismo y peor: 209 mil millones de pesos de recaudación por IEPS de gasolinas.
Esto es parte integral de la política confiscatoria del gobierno. No olvidemos que desde 2012 a la fecha cada mexicano paga, en promedio, un 80 por ciento más de impuestos.
Al final no solo se afecta el bolsillo del ciudadano. Los altos precios de las gasolinas resultan pérdidas importantes a la competitividad de México. A las empresas mexicanas se les hace de subida competir con las empresas estadounidenses que cuentan con energéticos a la mitad de precio que los mexicanos.
En pocas palabras, esta burla demuestra una vez más que los mexicanos seguimos viviendo en un régimen de monopolio protegido por el Estado y bajo un sistema fiscal confiscatorio. Esperemos que pronto llegue la competencia en los mercados energéticos a México pero, mientras siga este gobierno, no podemos esperar que contemos con un sistema fiscal moderado.
Por si fuera poco, estas políticas fiscales confiscatorias se dan en el marco de la reforma energética que prometió liberalizar los mercados y empoderar a los consumidores. Malas perspectivas tendrá esta reforma si termina identificada con los precios altos fruto de impuestos altos. El engaño que de esta manera se realiza a los mexicanos amenaza cualquier futura reforma que vaya orientada a limitar al gobierno para empoderar al ciudadano. Estamos perdiendo la oportunidad de oro que la reforma energética representa: recuperar la libertad de los ciudadanos a decidir a quién queremos comprarle y en qué condiciones queremos hacerlo.
Esto no solo debe ser en lo energético. Tenemos que movernos hacia un modelo de país donde los ciudadanos sean los protagonistas. Terminar con los impuestos confiscatorios para que sean ellos, y no el gobierno, quienes tengan los recursos en sus bolsillos, para que sean ellos quienes puedan decidir. Terminar con los privilegios y monopolios en la gasolina y la electricidad, pero también en la educación, la vivienda y otras.
Lo fundamental es permitir que los consumidores tengan opciones competitivas de oferta. Regresarles la libertad secuestrada por el gobierno para escoger la opción que más les convenga. Frente a aquellos privilegiados que se sirven del poder político y de las regulaciones del gobierno para aprovecharse de nosotros, urge reconocer nuestro derecho como ciudadanos a elegir por nosotros mismos.
